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Reivindicación del estatus de santuario: Dentro de las escuelas que ahora se oponen activamente a la campaña de Trump contra la inmigración

LA School Report | March 23, 2017



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(Foto por Mike Szymanski)

Por Mark Keierleber

La niña ya había estallado en llanto cuando las letras fuertes y amarillas de la chaqueta del hombre se pudieron apreciar con claridad: «POLICE» (policía).

Rómulo Avelica-González acababa de dejar a su hija de 12 años, Yuleni, en una escuela chárter de Los Ángeles -como lo hacía cada mañana- y ahora se dirigía a la escuela de su hija de 13 años, Fátima. Fue entonces cuando agentes de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos rodearon la Dodge Durango del inmigrante indocumentado Mexicano. Avelica-González, de 48 años de edad, padre de cuatro hijos que ha vivido ilegalmente en los Estados Unidos por más de 25 años, había sido condenado por conducir borracho hace casi una década y había una orden de deportación en su contra.

Ahora, en medio de la rutina de cada mañana con la esposa y los hijos de Avelica-González, los agentes federales hacían cumplir esa orden.

“Se acercaron al coche rápidamente y le preguntaron cuál era su nombre, y mi padre les preguntaba qué había hecho mal para que lo detuvieran, y le ordenaron que se callara y saliera del auto”, dijo Fátima.“Reconocí lo que estaba sucediendo, pero no empecé a llorar hasta que los vi esposarlo y cómo le estaban gritando para que saliera del auto”.

Al tiempo que los agentes cacheaban a su padre, Fátima filmó el arresto del 28 de Febrero desde el asiento trasero, publicando este video en línea que ha conmocionado a todo el país y el mundo— cimentando los temores que los líderes escolares y activistas dicen que ahora son parte de la vida cotidiana de los estudiantes indocumentados y de los niños con padres indocumentados.

Estos temores pueden disuadir a la inmigración ilegal. Pero también han contribuido a la resistencia masiva, dijo Ricardo Mireles, Fundador y Director Ejecutivo de Academia Avance, una escuela chárter de Los Ángeles con tres campus. De sus 400 estudiantes en los grados 6 al 12, 98 por ciento son Latinos, 90 por ciento califican para el almuerzo gratuito o a precio reducido, y hasta un 20 por ciento no son ciudadanos Estadounidenses. Casi la mitad vive con padres indocumentados, dijo Mireles.

Cuando Fátima le dijo a los líderes de la escuela lo que había sucedido con su padre, ellos entraron en acción al momento. Después de notificar a las organizaciones locales de derechos de los inmigrantes sobre el arresto de Avelica-González, los funcionarios de la escuela convocaron a una asamblea para calmar los temores de los estudiantes, programaron protestas para obtener apoyo público, lanzaron una campaña de recaudación de fondos y comenzaron a desarrollar un plan de emergencia en caso de que otro estudiante o algún miembro de una familia sea el siguiente.

 “La forma en que estamos tratando de enviar el mensaje es, ‘Sí, el miedo es una parte natural de la vida, pero no se paralicen, no entren en pánico. Utilicemos ese miedo para actuar, utilicemos ese miedo para cambiar nuestra situación y estar mejor preparados, y para enfatizar la urgencia de ello’ ”, enfatizó Mireles.

A medida que el Presidente Trump hace de la estricta implementación de medidas para control de inmigración una piedra angular de su agenda política, decenas de distritos en todo el país -principalmente en las áreas metropolitanas- han adoptado resoluciones de “escuelas santuario” para aliviar los temores de los estudiantes y protegerlos si se meten en problemas. Aunque las políticas pueden variar, generalmente prometen proteger la información personal de los estudiantes de los agentes de inmigración que aplican la ley y bloquear el acceso de oficiales federales a la propiedad escolar a menos que presenten una orden judicial.

Mientras que las escuelas están relativamente limitadas en cuanto a las protecciones que pueden proporcionar a los estudiantes indocumentados y a sus familias, hay apoyo a nivel municipal y estatal también. Ciudades que van de Nueva York a Filadelfia a Nueva Orleans se han declarado ciudades santuario, lo que significa que no utilizarán los recursos locales para hacer cumplir las políticas federales de inmigración.

Y en California –donde uno de cada tres residentes es extranjero y la mitad de los niños tienen al menos un padre inmigrante—existe un proyecto de ley de “sanctuary state” (“estado santuario”)  que, en parte, impediría a los oficiales de policía escolar colaborar con la aplicación de la ley de inmigración. Específicamente, la legislación impediría que los policías -incluyendo a la policía escolar- “utilice recursos para investigar, interrogar, detener, detectar o arrestar a personas con fines de aplicar las leyes de inmigración”.

 “Nuestros limitados recursos para aplicación de la ley se despilfarran cuando los oficiales de policía son retirados de sus deberes para arrestar a personas—quienes fuera de esta situación—cumplen con las leyes, trabajadoras domésticas, estudiantes, meseros y jornaleros, por violaciones de inmigración”, dijo el Senador Estatal Kevin de León, en un  comunicado de prensa. “Los residentes indocumentados no reportarán crímenes por temor a ser deportados y los criminales vagarán libremente para victimizar a otros”.

A raíz de una orden ejecutiva de Trump que exigía la retención de fondos federales a las localidades que adopten resoluciones de ciudad santuario, la Junta de Educación de Los Ángeles votó la semana pasada para unirse a una demanda que desafía esa autoridad.

El Estado también ha desafiado al gobierno federal sobre cómo y dónde lleva a cabo las redadas de inmigración.

Desde 2011, ha sido política de ICE evitar actividades de aplicación de la ley en “lugares sensibles”, incluyendo hospitales, iglesias y escuelas, a menos que “existan circunstancias que así lo exijan” u otras acciones policiales que lleven a los oficiales al sitio. Pero el arresto de Avelica-González llevó a los activistas a cuestionar si los agentes de Los Ángeles violaron esa política, y el 9 de marzo, el Superintendente de Instrucción Pública del Estado de California, Tom Torlakson, envió una carta al Secretario de Homeland Security (Seguridad Nacional), John Kelly, pidiendo una explicación.

 “Siempre he dicho a los estudiantes y a sus familias que deben sentirse seguros y protegidos en nuestras escuelas, especialmente las familias que son refugiados, Musulmanes o inmigrantes indocumentados”, escribió Torlakson en la carta. “Las acciones recientes de los agentes que aplican la ley federal (federal enforcement agents) alrededor de las escuelas han levantado serias preocupaciones”.

Además, el Jueves pasado, el Presidente de la Corte Suprema del Estado escribió una carta al Fiscal General Jeff Sessions y a Kelly acusando al gobierno federal de “acosar” los tribunales de California para detener a inmigrantes indocumentados sospechosos y exigiendo que se detengan los arrestos.

¿Qué es un santuario?

Las resoluciones de estatus de santuario no son nuevas, pero la resistencia a la aplicación federal de políticas de inmigración ha alcanzado un nuevo máximo desde que Trump fue elegido presidente.

Aunque en gran parte son simbólicas, las políticas de escuela santuario aligeran los temores de los padres y de los estudiantes al tener la certeza de que los profesores y los directores tienen la capacidad de responder si agentes de inmigración llegan a una escuela o solicitan la información de los estudiantes, mencionó Jessica Hanson, una abogada y fellow de la Fundación Skadden en el National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes de Inmigración) que ha estado ayudando a los distritos a adoptar estas políticas.

 “Muchos de los estudiantes están comprensiblemente sintiendo mucho miedo en este momento, incluso para ir a la escuela, por lo que considero que es una tendencia creciente”, dijo Hanson. “Pienso que cuanto más escuelas estén haciendo esto, más y más veremos el efecto en cadena a otras escuelas que también lo implementen”.

Con cerca de 1 millón de niños indocumentados en los Estados Unidos y un estimado de 5.5 millones de niños con al menos un padre indocumentado, “Realmente agrega una capa de seguridad en el sentido de que todo el mundo está actuando consistentemente y sabiendo que ICE y otros agentes de inmigración no tienen la autorización para acceder a la información de los estudiantes o venir al campus a menos que tengan documentos judiciales específicos y pasen por el Consejo legal de la escuela”, explicó.

Los sistemas escolares de todo el país han sentido escalofríos.

En Chicago, las escuelas del distrito experimentaron un aumento en las ausencias luego de la elección de Trump, y los padres han preguntado si sus hijos están seguros en la escuela, comentó a The 74 el Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Forrest Claypool.

“Tuvimos una cantidad muy significativa de padres preocupados y líderes comunitarios, y hemos tenido ciertos días en los que hemos visto disminuir la asistencia, y no queremos que la educación de un niño sea afectada negativamente por estos temores”, dijo . “No queremos que los estudiantes se queden atrás porque temen venir a la escuela, y queremos dejar muy claro que nuestras escuelas son un lugar seguro para esos estudiantes”.

El Distrito envió un memorándum a los directores en Febrero diciendo que negará a los oficiales de inmigración el acceso a las escuelas y a los registros de los estudiantes, excepto en la “rara instancia” de que sea presentada una orden judicial. La carta da seguimiento a una resolución de Diciembre declarando que las escuelas públicas del Distrito eran “seguras y acogedoras” para todos los estudiantes.

En la Ciudad de Nueva York, la Canciller de las Escuelas, Carmen Fariña, envió una carta a las familias en Enero asegurándoles que el sistema escolar público “hará todo lo que esté a nuestro alcance” para asegurar que los estudiantes estén seguros, haciendo referencia a una decisión de la Corte Suprema de 1982 que consideró inconstitucional negar a los niños acceso a la educación pública basada en el estatus migratorio.

En Oakland, una resolución de las escuelas santuario dirige al Distrito para defender a los estudiantes, siempre y cuando esas acciones no violen la ley federal –porque si los estudiantes no se sienten seguros en la escuela, no se presentan, dijo Shanthi Gonzáles, quien es miembro de la Junta Escolar del Distrito y que abogó por la política. El Distrito también ha realizado presentaciones para informar a las familias sobre sus derechos y los recursos legales disponibles.

“Vivimos bajo la misma realidad que cada distrito escolar y cada ciudad y agencia municipal en el país vive, que es que dependemos de fondos federales”, dijo Gonzáles. “Lo que nuestra resolución dice es que, dentro de las restricciones de la ley, protegeremos a las familias”.

Haciendo énfasis en que el Distrito Escolar de Oakland mantiene su propia fuerza policial, Gonzáles dijo que apoya el proyecto del Senador León.

Lo mismo ocurre con la Electronic Frontier Foundation, un grupo de defensa sin fines de lucro que lucha por la protección de la privacidad en línea. El proyecto de ley crearía un “database firewall” (protección de la información en las bases de datos), dijo el abogado Adam Schwartz.

 “No es que la escuela pública necesariamente tenga un archivo que dice: ‘Estos chicos son indocumentados y estos chicos no son indocumentados’”, dijo. Más bien, las escuelas recogen todo tipo de datos de los estudiantes, incluyendo las direcciones y los idiomas hablados en casa. “Una base de datos por sí misma podría no decir nada”, dijo Schwartz. “Pero cuando se enlaza todo, cuando este mosaico se forma, alguien con un interés especial podría usar esto para comenzar a identificar quiénes podrían ser los inmigrantes indocumentados”.

De León dijo que su proyecto de ley, SB 54, reducirá la delincuencia. Pero no todo el mundo en California está de acuerdo. La semana pasada, un grupo de sheriffs del condado y legisladores republicanos sostuvieron una rueda de prensa para atacar la legislación. De ser aprobada, argumentaron, el proyecto de ley podría poner en peligro los fondos federales y, peor aún, poner a los delincuentes violentos en las calles.

“Si se aprueba la SB 54, permitirá que criminales peligrosos y violentos pudieran deslizarse a través de las grietas de la ley y ser liberados a nuestras comunidades”, declaró a periodistas el Sheriff del Condado de Sacramento, Scott Jones.

Uniéndose a las filas

A más de 2,000 millas de Los Ángeles, en Milwaukee, Wisconsin, Cristal Tinajero, de 18 años, recordó cómo el video de Fátima la afectó. Una residente en los Estados Unidos cuyos padres son indocumentados, Tinajero ya había estado presionando para que su distrito de escuelas públicas adoptara una resolución de escuela santuario.

“Podría haber sido yo, podría ser cualquier otra persona, incluso podría ser el mismo estudiante, él o ella, en esa situación”, dijo Tinajero. “Es realmente alarmante para mí que se ha llegado al punto en el que ya nadie está a salvo para caminar en las calles”.

Nacida en Wisconsin, Tinajero se mudó a México con sus padres por un año cuando tenía 7 años. Su abuela estaba enferma, y sus padres viajaron a casa para ayudar.

Al año siguiente, sin embargo, Tinajero volvió a Milwaukee sin sus padres. Ella todavía tiene memorias de su primer día de cuarto grado: “Recuerdo haber caminado sola ese día a la escuela, y me sentí muy triste porque vi al resto de mis compañeros de clase que eran despedidos con besos y abrazos cuando yo no tenía a nadie”. Esa experiencia fue traumatizante, dijo ella. Preocupada por no volver a ver a sus padres, ella se esforzaba por concentrarse en clase pero sus notas se desplomaron.

Es por eso que está pidiendo a las Escuelas Públicas de Milwaukee que desarrollen una resolución de escuela santuario propia. La estudiante de secundaria no quiere que su primo que cursa el octavo grado, quien también tiene padres indocumentados, atraviese por una experiencia similar.

Una resolución propuesta por los miembros del Consejo Escolar Larry Miller y Tatiana Joseph se asemeja a la de otras ciudades, bloqueando la distribución de los registros de los estudiantes y exigiendo que los abogados del Distrito revisen las órdenes antes de que se les permita a los agentes de inmigración el ingreso a las escuelas. Se espera que la Junta Escolar vote sobre la resolución en Abril.

 Más allá del miedo

De vuelta en Los Ángeles, la vida de Fátima ha sido revuelta por el arresto de su padre. Pero incluso después de que los agentes federales lo llevaran lejos, la conmoción no le impidió ir a la escuela. Irónicamente, y por casualidad, su clase tenía una excursión programada ese día al Museo de la Tolerancia.

“Fue bastante duro porque estoy acostumbrada a despedirme de mi padre cada vez que salgo del auto para ir a la escuela”, dijo ella. “Así que fue muy difícil, pero fui a la escuela llorando, y mis maestros lo notaron así que me preguntaron qué estaba pasando, y como les tengo confianza, yo les conté lo que había pasado y una de mis maestras le comunicó a mi director y mi director se contactó con el señor Mireles”.

A raíz de la detención, dijo Mireles, los estudiantes tienen miedo, pero no ha habido ninguna disminución en las inscripciones. De hecho, la escuela organizó conferencias de padres y maestros la segunda semana de Marzo y la participación fue normal. “Padres y estudiantes vienen, lo cual nos indica que confían en la escuela y el espacio”, comentó. “Si las familias confían en nosotros, tenemos que estar a la altura de esa confianza”.

En cuanto a Fátima, lo único que puede hacer es esperar que su padre sea puesto en libertad. Pero mientras tanto, ella está avanzando. El Domingo, Fátima y algunos miembros de la familia corrieron en el Maratón de Los Ángeles.

 “Ya estaba entrenando desde hace seis meses para ello”, dijo antes de la carrera. “Para el Martes, ya no tenía ganas, ya no quería correr el maratón, pero ahora lo estoy haciendo por mi papá. Tengo motivación. Creo que voy a terminar mucho más fuerte”.


Traducción al Español financiada por The Eli and Edythe Broad Foundation. LA School Report mantendrá el control editorial absoluto sobre el contenido.

 

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